viernes, 15 de agosto de 2008

LA MECANICA PRIVATIZADORA





Luis Javier Garrido
La mecánica privatizadora

La entrega de la industria petrolera mexicana a las trasnacionales constituiría el error político más grande en la historia política de México en más de un siglo: un acto de traición a México de consecuencias desastrosas para el país, y por ello los despachos de abogados corporativos que en Estados Unidos y en México redactaron las contrarreformas legales de Calderón y de Beltrones buscaron esconder la mecánica privatizadora, aunque no lo lograron.

1. La privatización de la industria petrolera nacional impuesta por una serie de intereses trasnacionales al débil y corrupto gobierno de facto de Felipe Calderón no consiste en vender los activos de Petróleos Mexicanos, sino en transferir gradualmente, en abierta violación a la Constitución General de la República y a los derechos del pueblo mexicano, las funciones que lleva a cabo la empresa paraestatal a las dos principales corporaciones petroleras trasnacionales a las que se hallan vinculados (por no decir asociados) los priístas del grupo de Carlos Salinas y Mouriño y Calderón: Exxon Mobile, Royal Dutch Shell y Repsol YPF.

2. El paquete de siete iniciativas legislativas enviadas por Calderón al Senado –las cinco primeras el 8 de abril– no lograba esconder su burdo intento de pasar por encima de la Constitución, y fue evidenciado como inviable por anticonstitucional en las mesas del Senado y de diversas universidades de la República; de ahí que en el nuevo paquete de nueve iniciativas de Beltrones (de las que tres son nuevas leyes), presentado el 23 de julio, se trate de esconder más la mecánica privatizadora, lo que sin embargo tampoco se logra.

3. Los dos proyectos de desnacionalización de la industria petrolera del país, que han pasado a ser “del PAN” y “del PRI”, a pesar de los legisladores de estos partidos, se sustentan, sin embargo, en una misma estrategia: no privatizan ahora, sino que crean las condiciones seudojurídicas para empezar a privatizar de manera gradual en pocos meses. Y son “seudojurídicas”, pues buscan “legalizar” en leyes secundarias lo que la Constitución prohíbe tajantemente, violando así el principio de la supremacía constitucional, consagrado en el artículo 131.Leer mas
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