domingo, 27 de abril de 2008

De la intolerancia según la encuesta

Carlos Monsiváis

Miguel Székely, subse- cretario de Educación Media Superior de la SEP, ha dado a conocer datos y actitudes de la Primera Encuesta Nacional de Exclusión, Tolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Nivel Medio Superior, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública. Entre los resultados más relevantes (en un sentido): cerca de 54% de los estudiantes de las preparatorias públicas no admitiría compartir clases con estudiantes enfermos de sida, 52.8% rechazó la convivencia con alumnos homosexuales y a 51.1% le incomodan los discapacitados en el salón público. Además, cuatro de cada 10 no aceptan compañeros indígenas ni de ideas políticas diferentes o de otras religiones.


Se encuestó a 13 mil 104 estudiantes de 15 a 19 años de edad inscritos en la preparatoria de los subsistemas federales, estatales y autónomos.


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Laberintos de estancamiento

Rolando Cordera Campos

Dos jinetes apocalípticos recorren el mundo mexicano y arrinconan su democracia: el del lento y mediocre crecimiento sostenido por más de dos décadas, y el de la falta de consensos mínimos para construir una unidad nacional no autoritaria desde abajo y a través de las instituciones con que contamos para hacer creíble nuestra democracia.

Es ya historia vieja, que arrancó en el último tercio del siglo pasado y que la alternancia, que fue vista ilusamente como el fin de la transición política, no pudo superar. Tampoco lo hizo la “gran promesa” de la globalización económica, que nos sumió en este estancamiento estabilizador que sólo los tontos pueden seguir celebrando: sus resultados sociales están a la vista en la emigración masiva y el desempleo y la decepción juveniles, que junto con la quiebra progresiva de la planta empresarial mexicana documentan la destrucción sistemática del futuro, un relato más para la marcha de los necios.

Del primer jinete no han querido ocuparse los últimos gobiernos, y las declaraciones recientes del gobernador Ortiz sobre las virtudes ocultas de la reforma energética propuesta por Calderón advierten que este desafane de la promoción del desarrollo ha contaminado al Estado en su conjunto.




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Reservas petroleras, e ilusiones

Antonio Gershenson
gershen@servidor.unam.mx


La Secretaria de Energía, a la que ya se le habían señalado fallas en su forma de “cuantificar” el petróleo que tenemos, ahora, en una conferencia, vuelve a revolver tipos de reservas que no son comparables y a sumarlas con las que no son reservas, para llegar, después de decir que “México tiene petróleo, y mucho”, para 61.3 años. Como paso intermedio en su creciente cálculo, dice que las reservas probadas alcanzan para 9.2 años, pero si se agregan las reservas probables y posibles “tenemos crudo para 27.7 años”, y ya con los recursos prospectivos llegamos a más de 60 años. Y agrega que de ahí, 55 por ciento de ese “petróleo” está en las aguas profundas del Golfo de México.

Vamos a examinar en detalle el problema, y a tratar de dejarlo ya de lado. Porque es muy fácil repetir una y otra vez que dos y dos son cinco, a ver si así alguien se lo cree. Del documento de Pemex Reservas de hidrocarburos al 31 de diciembre de 2007, tomamos los siguientes datos, que son directos.

Las reservas de crudo a la fecha mencionada en el título del documento son, las reservas probadas, 10.5 miles de millones de barriles. Las llamadas reservas probables, 10.8 miles de millones, y las posibles, 9.9 miles de millones. Pero luego los funcionarios de Pemex usan “reserva 1P”, que son las probadas, y hasta ahí no hay problema; después, “reserva 2P”, que es la suma de probadas y probables (cuidado aquí), y “reserva 3P”, la suma de probadas, probables y posibles, que también se llaman totales. ¿Se valen estas sumas?


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Privatización

Arnaldo Córdova


Héctor Aguilar Camín escribió una serie de artículos en el periódico en el que colabora, poniendo en duda el rigor semántico de la definición que nuestro grupo de intelectuales en defensa del petróleo dio y, debo decirlo, con justas razones. Yo no voy a defender nuestra definición, excepto diciéndole que nos referimos con ella a los intentos privatizadores del gobierno de Calderón. Ahora quisiera darle una definición que busque ser de verdad rigurosa. Un jurista y, más aún, un constitucionalista, diría que la privatización es un asunto de derecho público, no de derecho privado.

Héctor nos enmienda la plana diciendo que “privatizar en sentido estricto quiere decir que la empresa sea vendida a capitales privados, como se vendieron los teléfonos y los bancos”. En realidad, privatizar no quiere decir, necesariamente, vender. Hay innumerables formas de transmisión del dominio y lo mismo se observa cuando un bien público pasa a ser propiedad de un privado. Aparte del contrato de compraventa, existen la cesión del derecho, la dación en usufructo ad aeternum, la enfiteusis (uso de superficie de terreno público), el abandono del bien que puede ocasionar que un privado lo reclame y muchas otras. Tampoco se trata de una venta total, como se la imagina mi amigo. Cuando se trata de una empresa tan grande, puede ocurrir que la privatización opere sólo en ciertas áreas, servicios, bienes o, incluso, créditos.

Si se la observa desde ese punto, nuestra definición es acertada, aunque no completa ni rigurosa. Cuando decimos que el gobierno panista está cediendo con su iniciativa bienes, derechos y funciones que la ley hasta ahora mantenía dentro de la competencia de Pemex, estamos afirmando, con rigor jurídico, que se está privatizando la empresa. Si Héctor se toma el trabajo de leer las iniciativas de Calderón se dará cuenta de que tenemos la razón en lo que decimos.

Privatizar y estatizar o expropiar o nacionalizar (para el objetivo jurídico diseñado en la ley, exactamente lo mismo) son conceptos antitéticos sin mediación alguna posible. Se trata de una materia de propiedad de bienes reales, de cosas y éstas no pueden estar más que en el dominio de los privados o del Estado (en nuestra Constitución, representante de la nación). Si de una empresa del Estado, cualquiera que sea, por ejemplo, se pasa a manos de privados, un bien real, un servicio, un valor (esfera de derechos personales) o, incluso, una función antes exclusiva, se está privatizando. Sí, un poquito, pero se está privatizando.

Yo invitaría a mi amigo a que discuta con nosotros las iniciativas, no nuestra definición que, por supuesto, tiene sus limitaciones. Hay muchísimos servicios que los privados pueden hacer para Pemex, mediante contrato de servicios y el pago correspondiente. Transporte por carretera, por ferrocarril y también por mar, construcción de infraestructura, como ductos, refinerías o plataformas marítimas, pero todo pagado y bajo contrato. El que muchas de las áreas de actividad de Pemex estén ya en manos de privados y que, de acuerdo con la Carta Magna no deben estar, Héctor tiene razón, es algo que debe anularse. A él no se le ocultará el colosal saqueo de nuestra riqueza petrolera a que eso da lugar.




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