Privatización

Arnaldo Córdova


Héctor Aguilar Camín escribió una serie de artículos en el periódico en el que colabora, poniendo en duda el rigor semántico de la definición que nuestro grupo de intelectuales en defensa del petróleo dio y, debo decirlo, con justas razones. Yo no voy a defender nuestra definición, excepto diciéndole que nos referimos con ella a los intentos privatizadores del gobierno de Calderón. Ahora quisiera darle una definición que busque ser de verdad rigurosa. Un jurista y, más aún, un constitucionalista, diría que la privatización es un asunto de derecho público, no de derecho privado.

Héctor nos enmienda la plana diciendo que “privatizar en sentido estricto quiere decir que la empresa sea vendida a capitales privados, como se vendieron los teléfonos y los bancos”. En realidad, privatizar no quiere decir, necesariamente, vender. Hay innumerables formas de transmisión del dominio y lo mismo se observa cuando un bien público pasa a ser propiedad de un privado. Aparte del contrato de compraventa, existen la cesión del derecho, la dación en usufructo ad aeternum, la enfiteusis (uso de superficie de terreno público), el abandono del bien que puede ocasionar que un privado lo reclame y muchas otras. Tampoco se trata de una venta total, como se la imagina mi amigo. Cuando se trata de una empresa tan grande, puede ocurrir que la privatización opere sólo en ciertas áreas, servicios, bienes o, incluso, créditos.

Si se la observa desde ese punto, nuestra definición es acertada, aunque no completa ni rigurosa. Cuando decimos que el gobierno panista está cediendo con su iniciativa bienes, derechos y funciones que la ley hasta ahora mantenía dentro de la competencia de Pemex, estamos afirmando, con rigor jurídico, que se está privatizando la empresa. Si Héctor se toma el trabajo de leer las iniciativas de Calderón se dará cuenta de que tenemos la razón en lo que decimos.

Privatizar y estatizar o expropiar o nacionalizar (para el objetivo jurídico diseñado en la ley, exactamente lo mismo) son conceptos antitéticos sin mediación alguna posible. Se trata de una materia de propiedad de bienes reales, de cosas y éstas no pueden estar más que en el dominio de los privados o del Estado (en nuestra Constitución, representante de la nación). Si de una empresa del Estado, cualquiera que sea, por ejemplo, se pasa a manos de privados, un bien real, un servicio, un valor (esfera de derechos personales) o, incluso, una función antes exclusiva, se está privatizando. Sí, un poquito, pero se está privatizando.

Yo invitaría a mi amigo a que discuta con nosotros las iniciativas, no nuestra definición que, por supuesto, tiene sus limitaciones. Hay muchísimos servicios que los privados pueden hacer para Pemex, mediante contrato de servicios y el pago correspondiente. Transporte por carretera, por ferrocarril y también por mar, construcción de infraestructura, como ductos, refinerías o plataformas marítimas, pero todo pagado y bajo contrato. El que muchas de las áreas de actividad de Pemex estén ya en manos de privados y que, de acuerdo con la Carta Magna no deben estar, Héctor tiene razón, es algo que debe anularse. A él no se le ocultará el colosal saqueo de nuestra riqueza petrolera a que eso da lugar.




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