domingo, 6 de julio de 2008

La equidad en el derecho

Arnaldo Córdova


La reforma constitucional en materia electoral provocó reacciones en cadena que eran previsibles: al impedir que individuos o grupos puedan emitir opiniones, incluso adversas en contra de candidatos o partidos en los procesos electorales, se puso el grito en el cielo y comenzó a decirse que eso era violatorio de la libertad de expresión. Diversos organismos empresariales y un grupo de intelectuales interpusieron sendos amparos ante la justicia federal, fundando su agravio en la letra del artículo sexto constitucional, que garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información. Ya la Corte ha determinado, en revisión, que ella no puede decidir del asunto porque no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Carta Magna.

Esos grupos, evidentemente, desconocen el derecho y, al parecer, contrataron abogados chicaneros que sólo hicieron lo que se les pidió. No sólo por las razones que la Corte ha dado en su primer fallo (otro fue sobre la violación del artículo 135 que instituye el procedimiento para reformar la Carta Magna), sino porque no entienden lo que el principio jurídico de equidad significa para la elaboración, la interpretación y la aplicación del derecho. Ese concepto es tan complejo que parece inasible en su sentido (es como si tuviera miles de significados), pero que lo es sólo porque ha sido una preocupación permanente a lo largo de milenios.


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Confesiones verdaderas y verdades sospechosas

Rolando Cordera Campos


Mientras rencontramos la hebra para un acuerdo en lo fundamental, recordemos lo inmediato. El presente es continuo, sostiene el pensamiento único, pero el “estancamiento estabilizador” a que ha dado lugar su aplicación a ultranza propicia asimetrías económicas y sociales que niegan el discurso triunfalista de los grupos gobernantes y advierten sobre la inminencia de un gran ajuste social y político.

De cerca de 43 millones que forman la población económicamente activa, poco más de 5 millones tienen ingresos similares al salario mínimo; cerca de 9 millones de entre dos y tres salarios mínimos, y casi 8 millones reciben ingresos de entre tres y cinco mínimos. Es decir, más de la mitad de los que trabajan ganan igual o menos de cinco salarios mínimos, que en diciembre pasado fue fijado en 52.59 pesos diarios. Con las alzas en los alimentos y otras carestías continuas como las de las medicinas, no parece exagerado proponer que la pobreza se ha extendido y absorbe a núcleos de población que según las estadísticas habían podido salir de tal estado gracias a la estabilidad de precios, las transferencias de los programas de alivio, las remesas y demás.

Para la OCDE, el panorama laboral es sombrío. Muy bajo crecimiento del empleo y nulo aumento en las remuneraciones de quienes logran ocupación. Además, 60 por ciento de la fuerza laboral trabaja en condiciones de informalidad, sin seguridad social ni derechos contractuales. Los desafíos: “el creciente empleo informal, la discriminación laboral y el desempleo juvenil”, el viejo sur de los desvalidos rurales, instalado en pleno en las ciudades y las calles de México entero (véase El Economista, 3/7/08, p. 34).


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Fertilizantes, ¿los abarata la privatización?

Antonio Gershenson
gershen@servidor.unam.mx

El gobierno federal nos dice ahora que la “reforma” que envió al Senado abarataría los fertilizantes, que han subido de precio como nunca antes. Resumimos en el título como privatización, aunque quienes la defienden dicen que no es tal, porque se plantean refinerías privadas, ductos y almacenes privados, contratos con empresas privadas con mayor alcance que los anteriores –ya de por sí prohibidos por la Constitución– y con mejores condiciones para las empresas privadas, en especial trasnacionales. Esta afirmación sobre el precio de los fertilizantes, publicada en estas páginas el pasado miércoles 2, en la página 12, contradice la experiencia histórica y la realidad actual.

La historia. Durante muchos años, los fertilizantes en México, especialmente los nitrados, que se usan mucho, eran baratos. Pemex producía gas barato y en cantidad suficiente para la demanda interna. Con una parte del gas, producía en su área petroquímica, entre muchos otros productos, amoniaco. Y con éste, la planta Fertimex, también del sector público, producía este tipo de fertilizantes, que se usaban ampliamente en el país. Pero vino la era de las privatizaciones –entonces no les daba vergüenza reconocerlo– y le llegó el turno a Fertimex. Pemex fue cerrando plantas de producción de amoniaco. También se combinó el uso inmoderado del gas natural por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para producir este último energético, habiendo recursos muy variados en nuestro país, y se dejó en un segundo plano la extracción eficiente del gas por Pemex, de modo que aumentaron rápidamente las importaciones de este producto. Y con ello, se empezaron a usar en México precios basados en los de Estados Unidos, que desde hace años son los más caros del mundo.

Fertimex fue cerrada por el alto precio del gas y del amoniaco, y eso disparó el precio de los fertilizantes. Las que dispararon los precios de los fertilizantes fueron privatizaciones, y el cuento de que “el mercado” fije los precios, cuando que hay muchos mercados en el mundo y escogimos el más caro. Y nos dejaron, al sustituir producción nacional por importaciones, expuestos a que al subir los precios internacionales del petróleo y el gas, eso nos rebote en fertilizantes todavía más caros.

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